La llegada del decreto supremo del 17 de Agosto de 1877, marca el inicio de una etapa de emisión fiscal propuesta por el gobierno, decreto que se fundamento debido al fracaso de los esfuerzos hechos por el gobierno del General Mariano Ignacio Prado para volver al pago metálico y sobre todo a la grave situación que se encontraba el erario de solventar fuertes obligaciones bancarias y de proyectos que estaban amenazados de paralizar.

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Este decreto supremo indicaba que el gobierno asumiría la responsabilidad total de la emisión de los billetes de los bancos asociados (Banco de Perú, Banco La Providencia, Banco Nacional del Perú  y Banco de Lima)  y de la Compañía de Obras publicas y fomento del Perú a cargo de Enrique Meiggs, todo esto  a cambio del pago de las deudas que estos tenían, y la de los billetes de Meiggs, para continuar con los proyectos ferroviarios que estaban por paralizar, así fue como el billete fiscal ingresa a la vida económica del Perú, parte primordial para la unificación del papel circulante.

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​Para poder diferenciar los billetes cuya responsabilidad era asumida por el gobierno, el decreto ordenaba que estos billetes llevaran un nuevo sello oficial impuesta por la Junta de funcionarios y comerciantes especialmente nombrada, llevaría un sello oval con la inscripción “Emisión Pagadera por el gobierno 1877” para los bancos asociados y “Emisión Autorizada por el gobierno 1877”para los billetes de la Compañía de Obras Publicas y Fomento, billetes resellados los cuales serian los únicos aceptados y recibidos por el gobierno, establecimientos del Estado, Municipios, Oficinas de Instrucción y Beneficencia.